EL COSTO DE LA LEGALIDAD

¿Se han preguntado porqué razón, cuando una ciudad tiene horarios “zanahorias” para sus discotecas y bares, que obligan a la gente a irse a sus casas en la cúspide de la fiesta y con el último trago todavía bajando por la garganta, el mejor “servicio” de un local nocturno parece ser un funcionamiento extendido, camuflado, silente, y por supuesto, –con coima de por medio-   con el conocimiento y colaboración de las autoridades de control?

 

Pues parece mucho mejor que una discoteca o bar te permita esconderte hasta las 4 o 5 de la mañana con tal de culminar tus festejos y, de paso, salir sobrio a enfrentar el tráfico. No obstante esa clandestinidad genera problemas de seguridad evidentes como la posibilidad de una evacuación obstaculizada por una puerta cerrada por funcionar a escondidas,  y la usual corrupción de las autoridades de control.

Este fenómeno ha sido explicado por el investigador y catedrático universitario Enrique Ghersi y lo ha llamado EL COSTO DE LA LEGALIDAD.

Ghersi dice:

“El mercado es un mecanismo costoso para la toma de decisiones económicas. Pero también la ley es un mecanismo costoso. Por consiguiente, si bien el derecho tiene como propósito económico fundamental reducir los costos de transacción, la ley que es una de sus fuentes también tiene un costo que el autor denomina “costo de la legalidad”. En ese sentido, no toda ley abarata las transacciones, sino que es perfectamente posible que las encarezca”.

“En efecto, el estudio de la informalidad ofrece el contexto preciso para examinar cómo el costo de la legalidad conduce a su ineficiencia por discriminar a la mayoría de la población y favorecer el rentismo, lo que a la postre provoca su falta de vigencia social”.

“Sin embargo, permite descubrir también que en estos casos los individuos que se dedican a actividades informales han sido capaces de reemplazar las leyes que no funcionan por un conjunto de reglas alternativas -la normatividad extralegal- a fin de abaratar sus propios costos de transacción.”

El propósito económico fundamental del derecho es reducir los costos de transacción como resultado directo de la formalidad en las transacciones que se dan bajo una norma jurídica. Sin embargo, la ley también tiene un costo, que en el caso que nos ocupa viene a ser la pérdida de ganancias, tanto privadas, como fiscales y municipales por existir una norma que restringe la cantidad de horas en que un negocio puede funcionar de forma productiva.

 

La tendencia actual, en los usuarios y negocios de varias índoles, señala que el costo de la legalidad, cuando es demasiado restrictivo, conduce a una suerte de “desobediencia civil”. Esta forma de desobediencia civil no es más que el accionar clandestino y peligroso que se expresa de distintas formas.

 

Sobre las relaciones entre los entes legislativos y los particulares, Ronald Coase en su tratado “The Nature of the Firm”, estableció lo que hoy se conoce como las “Leyes de Coase”, que a continuación cito:

 

“1.- Existiendo costos de transacción, no es indiferente al orden jurídico la búsqueda del óptimo económico. Entonces hay normas más eficientes que otras, según permitan comportamientos más aproximados con ese óptimo.

2.- Las instituciones jurídicas tienen un fundamento económico, que es el de abaratar los costos de transacción. Para ello, deberán definir los derechos de propiedad, dar seguridad a los contratos y establecer un sistema de responsabilidad civil extra-contractual”

 

En resumen, podríamos entender –como ejemplo- que si las discotecas y bares de Quito pudieran abrir sus puertas hasta las 5 de la mañana, y dejaran de vender licor a las 3, no solo que tendrían menos borrachos saliendo a conducir , sino que producirían más rentas para sus dueños y para el fisco, así como sería innecesario recurrir a la corrupción ya señalada.

 

Y este fenómeno del costo de la legalidad se lo puede analizar, en distintos negocios y transacciones mercantiles en ciudades que pretenden ser turísticas y transparentes, así como en las absolutamente fracasadas normas sobre la prohibición y penalización de drogas, como la marihuana y la cocaína.

 

Prohibir estas drogas jamás ha impedido su consumo, ni peor, su abuso. Lo que si ha provocado es un negocio mega lucrativo para los capos, una enorme corrupción enquistada en gobiernos enteros, y una violencia atroz de todas las formas posibles. Regular su consumo –entiéndase por regular lo que ocurre con el licor o cigarrillos, por ejemplo- no implica piñatas de cocaína en las fiestas infantiles de sus niños, por cierto.

 

Usualmente habrá algo sospechoso y equívoco en las normas que, en lugar de solucionar un problema, lo que causan es clandestinidad y mayores peligros. Encuentro muy útil tomar en cuenta el concepto del costo de la legalidad. Siempre, al momento de legislar, deben medirse –y si hay datos empíricos, pues mucho mejor- que las consecuencias de una norma no resulten mucho peores que aquellos peligros que se pretenden evitar.

 

Acerca de Rafael Lugo 166 Articles
Quito, 1972

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